La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desclasificó las declaraciones patrimoniales de 69 funcionarios en activo y nueve exfuncionarios de la Secretaría de Marina, entre ellos el exsecretario José Rafael Ojeda Durán y los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, investigados por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
Los documentos, correspondientes a declaraciones presentadas principalmente en 2025 y 2026, muestran ingresos anuales, créditos hipotecarios, vehículos, casas y terrenos reportados por mandos navales señalados en la investigación sobre el ingreso ilegal de combustible a través de aduanas marítimas.
Ingresos y bienes reportados por los hermanos Farías
Manuel Roberto Farías Laguna, exvicealmirante, reportó ingresos por un millón 781 mil 598 pesos durante 2025. En su declaración no registró bienes inmuebles, aunque informó que tenía dos créditos hipotecarios por un monto cercano a cuatro millones de pesos.
Fernando Farías Laguna declaró ingresos anuales por un millón 550 mil pesos. También reportó dos terrenos adquiridos de contado el 1 de junio de 2015, con superficies de 323 y 322 metros cuadrados y un costo conjunto de 700 mil pesos.
Además, informó la compra de una casa de 325 metros cuadrados por 440 mil pesos, realizada en abril de 2017, y otra vivienda adquirida a crédito en febrero de 2015 por 780 mil pesos. En diciembre de 2019 registró la compra financiada de una Jeep Wrangler con un valor de 935 mil pesos.
La Fiscalía General de la República ubica a los hermanos dentro de una investigación por el arribo de 34 buques con combustible presuntamente introducido de manera ilegal en los puertos de Altamira y Tampico, Tamaulipas. Ambos permanecen sujetos a proceso en el penal del Altiplano, de acuerdo con la información disponible sobre el caso.
Otros mandos mencionados en la investigación
Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado como una pieza relevante de la estructura investigada y actualmente prófugo, presentó su última declaración patrimonial en 2017 sin hacer públicos sus bienes. Un testigo colaborador de la Fiscalía afirmó que habría adquirido cuatro inmuebles con un valor conjunto superior a nueve millones de pesos; esa versión forma parte de la investigación y no equivale por sí misma a una resolución judicial.
Clímaco Aldape Utrera reportó ingresos por 989 mil pesos y una camioneta Suburban valuada en 1.8 millones de pesos, adquirida a crédito. La investigación también lo señala por la presunta adquisición de un inmueble con valor superior a cinco millones de pesos y por depósitos relacionados con una posible compra de automóvil.
Humberto Enrique López Arellano declaró ingresos por 3.6 millones de pesos y un automóvil BMW con valor de 590 mil pesos, comprado a crédito en 2020. También aparecen mencionados Víctor Hugo Perrey Pérez y Francisco Javier Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la aduana de Tampico.
Ojeda Durán reporta ingresos y créditos hipotecarios
José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, declaró ingresos anuales netos por 2 millones 40 mil 558 pesos y dos créditos hipotecarios que suman aproximadamente 6.3 millones de pesos.
Uno de los créditos, por 4 millones 559 mil 609 pesos, fue contratado con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en diciembre de 2020. El segundo, por un millón 800 mil pesos, fue otorgado ese mismo año por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
El exsecretario no reportó participación en empresas, sociedades o asociaciones. También registró una camioneta Mitsubishi Endeavor Limited adquirida a crédito en septiembre de 2009 por 255 mil 913 pesos.
La declaración indica que Ojeda Durán se desempeña como asesor D en la oficina del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, con nivel de cargo SM04. La Secretaría de Marina ha señalado que se encuentra en retiro y que participa como asesor honorario del alto mando, sin percibir una remuneración por esa función honoraria.
La apertura de los documentos ocurre mientras continúa la investigación por el presunto tráfico ilegal de combustible en aduanas marítimas. La información patrimonial permite conocer los bienes y obligaciones declarados por los funcionarios, pero las responsabilidades penales deberán determinarse dentro de los procedimientos correspondientes.