Un juzgado de letras de lo penal de San Pedro Sula ordenó el jueves 17 de septiembre de 2026 ejecutar el desalojo de pobladores garífunas instalados en un campamento de protesta en Playa Uva, Cayos Cochinos, Honduras, donde está previsto el rodaje de una nueva temporada del reality show Survivor.
La medida elevó la tensión en el archipiélago, donde las comunidades garífunas cuestionan la realización de la producción durante la temporada de desove de tortugas carey y reclaman el respeto a sus derechos territoriales y a la consulta previa.
La orden judicial identifica como “ocupantes no autorizados” a quienes permanecen en la zona. De acuerdo con la información difundida por organizaciones de derechos humanos, agentes de la Policía Nacional llegaron al área para ejecutar la diligencia, mientras un grupo de aproximadamente 40 personas mantenía el campamento.
La protesta fue instalada por integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que sostienen que la actividad televisiva afecta la vida cotidiana de las comunidades y el uso tradicional del territorio. Entre sus demandas también se encuentra el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la comunidad garífuna de Cayos Cochinos.
Míriam Miranda, coordinadora de OFRANEH, declaró en alerta el campamento Por la Vida y anunció que las comunidades se trasladarían a los Cayos para continuar el plantón por tiempo indefinido. La organización denunció que el operativo policial representa una amenaza para los defensores del territorio.
El sitio donde se desarrolla el conflicto pertenece a la Sociedad de Inversiones Ecológicas, consorcio señalado en la información disponible como vinculado a Fundación Azteca Honduras. La organización garífuna responsabilizó públicamente al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego por la escalada, una acusación que forma parte de la denuncia de los manifestantes.
La producción del reality también modificó parte de su planificación debido a las protestas y a la presencia de policías y militares en la zona. Sin embargo, los reportes publicados no establecen que la empresa productora haya ordenado directamente el operativo de seguridad.
Un conflicto territorial de mayor alcance
El desalojo ocurre en un contexto de disputa entre comunidades garífunas, autoridades y proyectos privados en Honduras. Las organizaciones defensoras sostienen que las actividades turísticas, inmobiliarias y audiovisuales deben realizarse con participación de las comunidades afectadas y con respeto a sus formas tradicionales de vida.
Mientras continúa la presencia policial en Cayos Cochinos, OFRANEH mantiene su llamado a organismos internacionales de derechos humanos y exige que cualquier decisión sobre el territorio considere las obligaciones establecidas en la sentencia interamericana.