María Esther Rivera es una de las mujeres que, después de años de trámites y sentencias, sigue sin obtener los recursos completos que le corresponden para atender las necesidades médicas y de crianza de sus hijos. Su experiencia ejemplifica las lagunas que denuncian activistas en la implementación de la llamada Ley Sabina.
La norma formalizó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) en mayo de 2023 con el objetivo de concentrar información sobre personas morosas en el pago de pensiones alimenticias. Sin embargo, la operación efectiva del sistema depende de que tribunales locales y entidades federativas integren y publiquen sus datos.
Organizaciones civiles y análisis legislativos han detectado que el RNOA carece de información de tres entidades y que solo algunos estados han hecho públicos sus listados locales, lo que limita la emisión y validez práctica del certificado de no inscripción y otros mecanismos pensados para sancionar o prevenir la evasión.
Promotoras de la iniciativa y organizaciones defensoras exigen mayor coordinación institucional, medidas para evitar el alzamiento de bienes y procedimientos menos gravosos para las víctimas, quienes hoy enfrentan costos de representación legal y obstáculos administrativos que complican el acceso a la reparación.
Las fuentes oficiales implementaron la plataforma técnica del registro y han entregado accesos a instancias judiciales; no obstante, las voces que impulsaron la Ley Sabina piden medidas concretas para que la norma deje de ser letra muerta y cumpla su función de proteger a la infancia y garantizar el pago de las pensiones.
