México enfrenta un rezago tecnológico y operativo para combatir el uso de drones por parte de grupos delictivos, pese a las reformas aprobadas en 2023 para sancionar a quienes empleen estas aeronaves en ataques, espionaje, terrorismo o tráfico de drogas.
El problema se ha extendido durante la última década. Los grupos criminales comenzaron utilizando drones para vigilar a militares, marinos, integrantes de la Guardia Nacional y organizaciones rivales, pero después incorporaron explosivos y, más recientemente, los usaron para trasladar drogas en la frontera con Estados Unidos.
Reformas sin aplicación efectiva
Las modificaciones legales contemplan penas de hasta 60 años de prisión para integrantes de organizaciones delictivas que utilicen drones con fines criminales. Sin embargo, la falta de instituciones responsables de supervisar el mercado, investigar los casos y aplicar sanciones ha limitado sus resultados.
Los equipos comerciales pueden adquirirse en tiendas y plataformas digitales sin un registro general de compradores o vendedores. Además, los delincuentes pueden conseguir por separado motores, cámaras, tarjetas de control y otros componentes para adaptar aparatos de uso civil.
En 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional registró 16 agresiones contra su personal con drones o explosivos improvisados en Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua. También se contabilizaron 605 ataques con drones equipados con explosivos entre 2020 y mediados de 2023.
Una amenaza con varios frentes
Los drones son empleados para vigilar instalaciones y movimientos de las Fuerzas Armadas, obtener información sobre grupos rivales y apoyar operaciones violentas en entidades como Michoacán, Sinaloa y Jalisco. En Sinaloa también se ha reportado el uso de aeronaves con tecnología de fibra óptica asociada con tácticas observadas en conflictos armados internacionales.
En la frontera norte, las autoridades estadounidenses han detectado aeronaves vinculadas con actividades de tráfico de personas, vigilancia y traslado de drogas. Entre el 25 y el 26 de agosto de 2026, una fuerza conjunta estadounidense utilizó por primera vez un sistema láser de alta energía para neutralizar tres drones considerados hostiles cerca de la frontera con México.
El episodio evidenció la diferencia entre las capacidades disponibles en ambos lados de la frontera. Mientras Estados Unidos emplea sistemas especializados de energía dirigida, México todavía enfrenta limitaciones para detectar, inhibir o derribar drones modificados para fines delictivos.
El reto de controlar la cadena de suministro
La respuesta no depende únicamente de castigar los ataques consumados. También requiere supervisar la importación y comercialización de equipos de doble uso, identificar a compradores y vendedores, y establecer controles sobre los componentes que permiten convertir un dron comercial en una herramienta de espionaje, bombardeo o transporte de sustancias ilícitas.
Los grupos con mayores recursos pueden recurrir a intermediarios en el extranjero para obtener tecnología avanzada y piezas de ensamblaje. Esta capacidad ha permitido que el uso de drones evolucione con mayor rapidez que las normas y los instrumentos disponibles para enfrentarlo.
El desafío para México consiste en combinar una regulación efectiva del mercado con sistemas de detección, protocolos de respuesta y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. Sin esos elementos, las reformas seguirán enfrentando dificultades para contener una amenaza que ya opera en tierra, aire y frontera.