El gobierno del estado de Zacatecas mantiene en operación el Bachillerato General Militarizado —también presentado en algunos comunicados como Bachillerato General Policial—, que ofrece formación académica con elementos de instrucción de corte castrense y policial. El 19 de julio se realizó una ceremonia de graduación en la que egresaron 94 estudiantes.
La modalidad funciona en instalaciones ubicadas en la vialidad Vetagrande, entre el municipio de Guadalupe y la ciudad de Zacatecas. La operación administrativa involucra a la Secretaría de Educación del estado y a la comandancia de la 11ª Zona Militar, y el plantel recibe recursos del presupuesto local de educación.
Autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública han declarado que no está autorizada por la ley la instalación de modelos educativos de carácter militarizado y que ni la SEP ni la Secretaría de la Defensa Nacional otorgan permiso para ese tipo de modalidades.
El bachillerato fue creado en 2019 y desde entonces ha tenido diversas generaciones de egresados; en comunicados oficiales estatales se ha presentado como parte de una estrategia para «fortalecer valores y disciplina» entre la juventud y para contribuir a la reconstrucción del tejido social.
Especialistas en educación y organizaciones jurídicas han señalado que la presencia de formación de corte militar en escuelas públicas plantea dudas sobre su compatibilidad con el marco legal educativo mexicano y sobre la separación entre fuerzas armadas y educación civil.
La permanencia del Bachillerato General Militarizado en Zacatecas abre preguntas sobre la competencia legal de las autoridades estatales para operar modalidades con instrucción militar y sobre la supervisión que ejercen las instancias federales encargadas de la educación y de la seguridad.
Qué sigue
La discusión sobre la legalidad y la regulación de modalidades formativas con componentes castrenses continúa en marcha; corresponde a las autoridades federales y estatales precisar el marco jurídico aplicable y a la sociedad vigilar la garantía de derechos y la transparencia en el uso de recursos públicos.